REDD+ JURISDICCIONAL GUATECARBON

El reparto de beneficios es un componente fundamental de los proyectos forestales de carbono REDD+, especialmente cuando los pueblos indígenas y las comunidades locales son fundamentales para la gestión forestal. A medida que REDD+ evoluciona hacia mecanismos basados en el mercado, con créditos de carbono generando ingresos en los mercados internacionales de carbono, garantizar que los beneficios se distribuyan de manera justa es esencial para el éxito a largo plazo de la iniciativa. Sin embargo, lograr un reparto equitativo de beneficios sigue siendo un gran desafío. La compleja tenencia de la tierra, los desequilibrios de poder entre las partes interesadas y la falta de marcos legislativos claros pueden poner en riesgo los derechos de las comunidades locales para obtener una compensación justa por sus esfuerzos.

Este estudio de caso explora el Proyecto Guatecarbon REDD+, una iniciativa liderada por la comunidad en la Reserva de la Biosfera Maya, Petén, Guatemala, que llevó a cabo un proceso transparente e inclusivo para asegurar una negociación equitativa de beneficios para los titulares de concesiones forestales comunitarias. Lanzado antes de que Guatemala tuviera legislación nacional sobre el clima o una estrategia REDD+, el proyecto se enfrentó de inmediato a obstáculos legales, especialmente en lo relativo a los derechos de carbono y la venta de créditos de carbono en tierras estatales. En ese momento, el marco legal solo reconocía derechos de carbono para propietarios privados, propietarios legales de tierras o el gobierno, excluyendo así a las comunidades forestales tradicionales.

Aunque el proyecto logró reducir las emisiones y proteger el bosque, pasaron casi dos décadas de defensa antes de que las comunidades forestales pudieran recibir legalmente pagos directos por su labor de conservación. Un punto de inflexión clave llegó con el Decreto 20-2020, que introdujo el concepto de "implementadores" como actores elegibles bajo el Programa Jurisdiccional de Reducción de Emisiones (PRE) de Guatemala. Este reconocimiento reconoció el trabajo fundamental de las comunidades forestales para lograr reducciones de emisiones, independientemente de su vínculo con la propiedad de la tierra. Este cambio legal permitió que los miembros de la Asociación de Comunidades Forestales de Petén (ACOFOP), una asociación forestal comunitaria de la región, lograran con éxito la elegibilidad para los propietarios comunitarios.

El caso subraya tanto el éxito probado de la gestión forestal comunitaria como la prolongada lucha por el reconocimiento legal en el acceso a la financiación de carbono en tierras públicas.

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