CONTEXTO
Guatemala cuenta con una extensión territorial de 108,889 kilómetros cuadrados, de los cuales el 32% están declarados como áreas protegidas en el departamento de Petén se encuentra el 83% de esas áreas que incluyen la Reserva de la Biosfera Maya
La Reserva de la Biósfera Maya fue creada en el año de 1990 por el Decreto 5-90 del Congreso de la República de Guatemala, con el fin de proteger la naturaleza, el patrimonio natural y cultural de la nación y tomando como punto focal, los beneficios que éstos proporcionan al ser humano. La RBM representa una de las más importantes reservas de bosque tropical en el mundo y abarca una superficie de 2,113,000 hectáreas con una biodiversidad integrada por miles de especies animales y vegetales, algunas incluso en peligro de extinción.
La Reserva de Biosfera Maya (RBM) representa cerca del 20% de la superficie de Guatemala y el 60% de la superficie dentro del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas-SIGAP. Además de ser la reserva más grande del país, conformado el conjunto continuo de áreas de conservación y manejo de recursos naturales más importante de Guatemala. Se estima que cerca del 70% de su superficie se mantiene relativamente bien conservada a pesar de las múltiples amenazas enfrentadas desde su creación hace más de 20 años. Su carácter de Reserva de la Biosfera hace que en ella se den una variedad de actividades de manejo que apuntan a distintos objetivos, desde la preservación de la biodiversidad , hasta el manejo sostenible de recursos naturales bajo distintas categorías y objetivos de manejo como sus zonas núcleo, Zonas de Uso Múltiple (ZUM) y de Amortiguamiento (ZAM).
Específicamente dentro de la ZUM se encuentran “Unidades de Manejo”, las cuales han sido otorgadas a organizaciones comunitarias y a empresas industriales locales. Las Unidades de Manejo son áreas territorialmente definidas y administradas por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), con un régimen especial de uso, que pueden ser otorgadas para su gestión, manejo sostenible de recursos y servicios bajo la figura legal de “concesión” que se rige por un contrato de largo plazo e implica la elaboración de planes de manejo, estudios de impacto ambiental y planes de ordenamiento territorial, los cuales son aprobados y supervisados por CONAP para asegurar su cumplimiento y operación.
CONAP concesiono catorce Unidades de Manejo, doce son de tipo comunitario y dos de tipo industrial, abarcando una extensión de más de 500,000 hectáreas con un promedio de cobertura boscosa por unidad de manejo de 95%. Actualmente, de las doce comunitarias: nueve funcionan de manera estable, una se encuentra con Plan de Manejo suspendido, y dos presentan contrato cancelado.
Dentro de las Unidades de Manejo se trabajan los siguientes aspectos: aprovechamiento de productos maderables y no maderables, conservación de la biodiversidad, y desarrollo socio-económico de los grupos o comunidades involucrados en la gestión, manejo sostenible de recursos y servicios como el turismo comunitario. Para cumplir con los objetivos se establecieron líneas de trabajo basadas en los siguientes principios: la manutención de la integridad de los recursos naturales y de los sitios arqueológicos, el mejoramiento del nivel de vida de los beneficiarios, el uso integral y eficiente de los recursos naturales, el respeto y cumplimiento del plan de manejo y de los estudios de impacto ambiental, la autogestión de los grupos comunitarios y el monitoreo socioambiental.
Todas las Unidades de Manejo que realizan manejo forestal cuentan con certificación forestal (requerida en sus contratos) como áreas de manejo sostenible de productos maderables. La certificación con la que cuentan es la otorgada por el Programa RA Cert de Rainforest Alliance bajo los estándares socio-económicos, forestales y ambientales del Consejo Mundial de Manejo Forestal (FSC, por sus siglas en inglés) cuyas evaluaciones ocurren anualmente.
El proceso concesionario está reconocido como un ejemplo a nivel mundial, sin embargo, en la actualidad las unidades de manejo presentan ciertas amenazas que tienden a poner en peligro la conservación de las áreas con cobertura forestal. Dichas amenazas se pretenden reducir con las actividades que se implementan como parte del Proyecto Guatecarbon.
Entre estas amenazas se encuentran, la expansión de actividades agro-pecuarias ilícitas, los incendios forestales, la presencia de actividades ilícitas ligadas al narcotráfico, el aumento de la población humana, la extracción selectiva de especies preciosas de los bosques. Para asegurar la conservación del bosque en el largo plazo en la RBM, con énfasis en al área del proyecto, se hace necesario complementar el esquema de protección y manejo forestal vigente con nuevas formas de gestión y gobernanza forestal, lo cual también requiere de nuevos mecanismos de financiamiento para sufragar los costos incrementales de una mejor gestión y gobernanza, y además generar incentivos suficientes para mantener el bosque en pie.
Las amenazas son cada vez más típicas a nivel mundial. Por esta razón son crecientes las preocupaciones relacionadas al sector forestal y a la conservación del bosque y sus impactos en el cambio climático. Los estudios revelan que la deforestación y la degradación de los bosques generan cerca de un quinto de las emisiones antropogénicas globales de gases de efecto invernadero (GEI) y casi la mitad de las emisiones de Guatemala (Castellanos y Guerra, 2009 p. 23), para mayor información se puede consultar el Inventario Nacional de Emisiones y Absorciones de Gases de Efecto Invernadero Año Base: 2005, Segunda Comunicación Nacional sobre Cambio Climático Guatemala.
En este contexto, proyectos y programas de conservación y manejo sostenible de los bosques pueden ser vistos como amortiguadores del cambio climático. Conforme los estudios avanzan, los beneficios pueden ser cuantificados incluso en número de toneladas de dióxido de carbono equivalente (t CO2-e) el cual, una vez verificado por entidades independientes, adquiere un valor de mercado que puede ser utilizado para generar ingresos adicionales bajo el mecanismo denominado «REDD+» por sus siglas en inglés(“Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation; and the role of conservation, sustainable management of forests and enhancement of forest carbon stocks”). Este mecanismo ya está camino a implementarse en Guatemala, y el Proyecto Guatecarbon en la ZUM de la RBM sería el primero en ejecutarse.
Con el Proyecto de Reducción de Emisiones por Deforestación Evitada en la en la Zona de Usos Múltiples de la Reserva de la Biosfera Maya (Proyecto REDD+ Guatecarbon en la ZUM de la RBM) se pretende reducir la deforestación mejorando la gestión y gobernanza en el área del proyecto asi como el manejo forestal para lograr ingresos adicionales, vía REDD+, que permitan conservar y dar valor agregado al bosque en pie en el largo plazo, con beneficios tangibles para las comunidades y la biodiversidad.
El proyecto Guatecarbon fue elaborado de conformidad con los estándares Clima, Comunidad y Biodiversidad (CCB) y Verified Carbon Estándar (VCS). Dichos estándares se han convertido en unos de los más respetados internacionalmente y de mayor uso para demostrar los beneficios múltiples de los proyectos de carbono basados en actividades de uso de la tierra y reducciones robustas.